¿QUIÉN DA MÁS?: ENTRE LA PRECARIZACIÓN Y LA INCERTIDUMBRE DE LA LEY DE RESIDENCIAS MÉDICAS.
Por Juliana Moreno Ladino
Presidente Asociación Nacional de Internos y Residentes Regional Centro
El 31 de Julio del presente año llegaba un oficio dirigido a la decana de la Facultad de Ciencias Aplicadas y Ambientales-UDCA-, la Dra. Sandra Paola Daza Rincón, notificándole la terminación del convenio docencia servicio suscrito entre la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. y dicha universidad. Dicha decisión se justificaba en una renegociación fallida entre ambas partes con respecto a la propuesta de contraprestación por parte de la universidad para con las IPS de la Subred.
Tan solo 15 días después la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina –ASCOFAME- comunicaba a la opinión pública que la Secretaría Distrital de Salud venía desarrollando una serie de actuaciones arbitrarias y unilaterales (como la mencionada anteriormente) en las cuales dejaba en claro la imposición de obtener una contraprestación por parte de los residentes que, si bien por ley no podía ser en dinero, si facultaba la opción de la contraprestación en especie.
La información ofrecida por el presidente de la junta directiva de ASCOFAME, EL Dr. Gustavo Quintero a los principales medios de comunicación, fue que las exigencias actuales en la negociación de convenios con el Distrito eran tales que los costos pasaban de un 30% del valor neto de la matrícula de cada estudiante al 50% en efectivo para el pregrado y en un 60% en especie (equipos, dotación, mobiliario) para los posgrados. En este sentido, la secretaria subsanaba la reducción de matrículas que imponía la Ley de Residentes con aumentos a las ya de por sí costosas matrículas de los estudiantes de pregrado y, a su libre albedrío, imponía gastos de infraestructura de la red distrital de Salud.
Rápidamente, se alarmaron a todas las asociaciones y sectores de la sociedad en pro de la defensa de la educación y de la injusta posición del gobierno distrital frente a los residentes. La Asociación Nacional de Internos y Residentes -ANIR- consideró que esta acción de cierre de convenios era una jugada perversa que ponía en manifiesto que la Ley de Residencias Médicas daba fin a un sistema esclavista de larga data y que en su espíritu tenía que incentivar las condiciones de bienestar y protección de los derechos de los residentes, pero que en realidad estaba desenmascarando los intereses ocultos de antaño que venían urdiéndose entre algunos actores del sistema.
Se convocó entonces a una movilización en las puertas de la Secretaría Distrital de Salud el día 23 de agosto con el fin de obtener respuestas directas del secretario Luis Gonzalo Morales y así plantear opciones alternas al cierre de convenios. El doctor Morales, según datos oficiales del portal de la Alcaldía de Bogotá, es un colega de profesión, especialista en economía y en gerencia de hospitales; cuenta además con maestrías en el área de salud pública y ciencia política y una experiencia en el campo de la salud de cerca de 30 años. No sería tampoco la primera vez que se estrena en el cargo y ya había ostentado el título de Secretario de Salud entre 1999 y 2000, durante la primera alcaldía de Enrique Peñalosa.
Sin embargo, el secretario no se hizo esperar y tan solo 24 horas después arremetió contra todos quienes se habían manifestado en apoyo a ASCOFAME y comunicaba que todas las denuncias eran falsas y que la intención de la Secretaría era tratar de dar orden a las contraprestaciones para compensar el costo de la docencia de calidad y así favorecer unas condiciones mínimas de comodidad e integralidad a los estudiantes. Además, manifestó que los 253 convenios de la red pública con las instituciones educativas cubrían a cerca de 10.000 estudiantes lo cual, decía, era desproporcionado para el porcentaje de camas hospitalarias en la red. En otro de los puntos más álgidos del comunicado justificaba que la docencia en los hospitales generaba riesgos para los pacientes y sobrecostos para los hospitales estimados en nada más y nada menos que 80.000 millones de pesos. Aprovechamos para solicitar nuevamente al secretario la fuente de este número escandaloso dado que, a la fecha, no se ha presentado pese a las múltiples solicitudes.
Y como si lo anterior no hubiese sido ya demasiado rutilante, el secretario utilizó su cuenta personal de Twitter para reprochar las “vías de hecho” convocadas por la sociedad y acusó que toda la crisis actual era resultado de 3 años de acuerdos que por falta de voluntad de las instituciones de educación superior no habían podido celebrarse. El secretario lamentaba que se hubiera malinterpretado su posición y que el aumento de las contraprestaciones no iba a repercutir en el bolsillo de los estudiantes, comentario en que francamente pasa por ingenuidad a cinismo dado que los residentes se ven obligados a suspender sus estudios o a llevar jornadas extensas de trabajo para poder solventar el pago anual y a veces semestral de matrícula. De hecho, más alarmante aún, es que aún si el residente recibiera cumplidamente el pago de ley de residentes a partir del próximo año y no se gastara ni un peso de ese salario, no le alcanzaría para cubrir matrículas que van incluso hasta los 40 millones de pesos. Ese juego de paso de dinero del bolsillo del Gobierno Nacional al bolsillo del Gobierno Distrital es inaudito y, por ende, innegociable. La disputa por redes culminó con una citación por parte del secretario con ANIR el día del plantón para poder dialogar abiertamente.
La primera sorpresa se dio la tarde previa a la movilización/reunión con el secretario cuando la Secretaría Distrital de Salud se comunican con la ANIR para informarle que la reunión tiene que ser postergada pues repentinamente el secretario tiene otros asuntos (más importantes, presumimos) ese día. Sin embargo, en aras de no dejar en silencio los sucesos previamente acontecidos, se realizó la movilización y la segunda sorpresa llegó con la imagen que nos esperaba el día del plantón: cerca de 15 uniformados antimotines se alistaron frente a la puerta de la secretaria. A pesar de haber solicitado formalmente permisos para la manifestación y de abiertamente ser la ANIR quien convocaba al espacio, se nos recibió cómo vándalos, conducta estigmatizadora y reiterativa por parte de la presente administración distrital. No hubo nunca el diálogo prometido, ni en ese momento ni después, aún cuando por solicitud expresa del Ministerio de Salud, se citaron a mesas de discusión entre miembros de ASCOFAME y la Secretaría en donde la actitud del Dr. Morales (a quien aún no conocemos personalmente) ha sido sostenida: no escuchar las alternativas o contrapropuestas más que las que él ha dictaminado sobre los convenios docencia servicio.
Este último punto, ha puesto a las Facultades de Medicina en una situación problemática dado que, en aras de defender la posición gremial con respecto a Ley de Residentes, han sido renuentes a firmar estos convenios, viéndose obligados a buscar otros sitios de práctica y poniendo en riesgo la permanencia de varios residentes en la Red Pública. Asimismo, porque aún cuando el Dr. Morales es tan certero con sus datos, desconoce de primera mano datos como la contraprestación monetaria real a la fecha por parte de las Instituciones de Educación Superior a la Red Distrital de Salud, los sobrecostos justificados de los estudiantes en formación, entre otros puntos igualmente graves.
Por otra parte, existe otro asunto que sigue produciendo desaliento sobre la implementación de la Ley de Residentes y es que, si bien el Ministerio de Salud tiene una responsabilidad muy importante en todo el proceso, la reglamentación de cómo debería hacerse la reducción de matrículas en las que solo se tuvieran en cuenta los costos operativos y administrativos corría por parte de Ministerio de Educación. Esta entidad ha guardado un silencio hermético, que ni siquiera nuestro derecho de petición logró remediar del todo ya que la respuesta (por lo demás incompleta) se resguardaba en la autonomía universitaria para el cobro de matrículas, réplica que es insensata pues la Ley de Residentes es clara en este punto como para que una entidad de tal jerarquía se lave las manos con las instituciones de educación superior. Y es que supeditar ese cobro de manera libre y autónoma a cada Universidad que tiene que lidiar con situaciones como las que están ocurriendo en la Red de Bogotá, reduce la reflexión de los convenios a una guerra de centavo, del quién da más, entre las Universidades y las Instituciones Prestadoras de Salud.
Es este pues un panorama aún desértico en el que insistimos las Universidades, Residentes e Instituciones Prestadoras de Salud debemos procurar estar del mismo lado y exigir al Gobierno cumpla con el presupuesto necesario para la implementación del pago a partir del 2020. Se debe recordar con claridad meridiana que la Ley de Residencias tenía dos puntos innegociables: el inicio del pago mensual a los residentes y la reducción de las onerosas matrículas de posgrado en medicina. Es así, como al Dr. Morales le solicitamos nuevamente se abra al diálogo y renuncie a defender posiciones desde un funcionario que suena distante a la realidad de los hospitales en los cuales la presencia de estudiantes en formación es el motor de estos centros de salud. No puede hablar de nosotros como si fuéramos un material estorboso que entorpece la atención cuando muchas veces son los residentes los más entregados a los pacientes.
Finalmente, con respecto a la posición de los convenios, estamos convencidos que no se debe firmar nada que vaya en contra del espíritu de la ley de residentes y que hasta que no retiren los oficios en contra de la UDCA no hay negociación posible pues son miles de estudiantes los que se ven afectados con decisiones tan radicales. Nuestro objetivo como Asociación Nacional de Residentes es y será la de defender los derechos de todos los residentes e internos a nivel nacional y, por tanto, a la Ley de Residentes la cual es, como siempre defendemos, una realidad innegable y sin retorno.